El día de ayer el senado de la república de Chile aprobó en general y por unanimidad, el mensaje que tiene por objeto actualizar la legislación chilena en materia de delitos informáticos y ciberseguridad, adecuándola tanto a las exigencias del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, conocido como “Convenio de Budapest”, del cual Chile es parte, en cuanto a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, todo ello para dar un tratamiento más comprensivo del contexto en que se cometen estos ilícitos y subsanar la carencia de medios suficientes para su investigación.
En concreto, la propuesta deroga la Ley N° 19.223 que “tipifica figuras penales relativas a la informática”, sustituyéndola por una nueva que “sanciona delitos informáticos” y tipifica los siguientes delitos informáticos y establece sus respectivas sanciones:
a) La obstaculización o perturbación del funcionamiento de un sistema informático, a través de la manipulación de sus datos.
b) El acceso ilícito a un sistema.
c) La interceptación o interferencia indebida de la transmisión no pública de información entre sistemas informáticos.
d) La eliminación, alteración o destrucción de datos informáticos.
e) La manipulación de datos informáticos con la intención que sean considerados o utilizados a efectos legales como auténticos.
f) La utilización o aprovechamiento de información y de documentos electrónicos manipulados o de datos contenidos en un sistema informático, causando perjuicio a otro y con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito para sí o para un tercero.
Entre otros puntos tratados en la sala, se tiene la sanción por uso o puesta a disposición de uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas, códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados principalmente para la perpetración de los delitos señalados anteriormente.
La fecha límite para continuar con el proceso legislativo es hasta este lunes 15 de abril en donde la Comisión de Seguridad Pública recibirá las indicaciones para el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece las normas sobre delitos informáticos, deroga la actual ley y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest el cual se toma por referencia.
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